
El hombre, acusado de doble abuso sexual agravado contra la hija de su expareja, fue arrestado en la madrugada de este jueves. Escapó cuando el juicio por jurados estaba por comenzar.
La entidad sostiene que María Inés Bartels sí participó y votó en una Asamblea que luego cuestionó. Presentaron pruebas y apuntaron a la “gravedad” de su denuncia.
ChubutHace 2 horasLa Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH) respondió con dureza a la denuncia presentada por la jueza penal de Puerto Madryn, María Inés Bartels, ante la Inspectoría General de Justicia (IGJ) por presuntas irregularidades en convocatorias y asambleas del organismo.
Bartels había asegurado que figuraba como participante y votante en una Asamblea Extraordinaria del 11 de junio, sin haber estado presente ni emitido voto, y cuestionó la falta de publicidad, fallas en el acta y un supuesto “acuerdo clandestino” para denunciar penalmente al Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El abogado de la Asociación, Alfredo Pérez Galimberti, desmintió las acusaciones y afirmó que Bartels no sólo estuvo presente, sino que votó a favor de la denuncia contra los ministros del STJ y del juicio político al Dr. Raidan. La AMFJCH exhibió actas, testimonios y registros que –según dijo– prueban su participación, incluyendo la constancia de su identidad en un Zoom certificado por escribano y su inclusión en el chat y la lista de distribución de convocatorias.
Además, la Asociación recordó que la magistrada renunció el 15 de julio, un día antes de formalizar su denuncia, y ya había solicitado dejar de pagar la cuota social. “No son menores las consideraciones morales y éticas que deberían hacerse sobre el accionar de la Dra. Bartels. Falta a la verdad sobre aspectos esenciales de sus propias acciones”, señalaron.
Pérez Galimberti subrayó que la documentación fue rubricada y verificada por la IGJ, y que la Asamblea fue convocada públicamente por redes sociales, correo electrónico y la web institucional. La Asociación interpreta la denuncia como una acción deliberada para perjudicarla y cuestiona que Bartels, crítica habitual del STJ en los canales internos, haya cambiado de postura.
La IGJ deberá resolver qué medidas tomar frente a lo que el organismo califica como una “falsedad” que derivó en la primera inspección en su historia.
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