Digital Chubut
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH) respondió con dureza a la denuncia presentada por la jueza penal de Puerto Madryn, María Inés Bartels, ante la Inspectoría General de Justicia (IGJ) por presuntas irregularidades en convocatorias y asambleas del organismo.
Bartels había asegurado que figuraba como participante y votante en una Asamblea Extraordinaria del 11 de junio, sin haber estado presente ni emitido voto, y cuestionó la falta de publicidad, fallas en el acta y un supuesto “acuerdo clandestino” para denunciar penalmente al Superior Tribunal de Justicia (STJ).
El abogado de la Asociación, Alfredo Pérez Galimberti, desmintió las acusaciones y afirmó que Bartels no sólo estuvo presente, sino que votó a favor de la denuncia contra los ministros del STJ y del juicio político al Dr. Raidan. La AMFJCH exhibió actas, testimonios y registros que –según dijo– prueban su participación, incluyendo la constancia de su identidad en un Zoom certificado por escribano y su inclusión en el chat y la lista de distribución de convocatorias.
Además, la Asociación recordó que la magistrada renunció el 15 de julio, un día antes de formalizar su denuncia, y ya había solicitado dejar de pagar la cuota social. “No son menores las consideraciones morales y éticas que deberían hacerse sobre el accionar de la Dra. Bartels. Falta a la verdad sobre aspectos esenciales de sus propias acciones”, señalaron.
Pérez Galimberti subrayó que la documentación fue rubricada y verificada por la IGJ, y que la Asamblea fue convocada públicamente por redes sociales, correo electrónico y la web institucional. La Asociación interpreta la denuncia como una acción deliberada para perjudicarla y cuestiona que Bartels, crítica habitual del STJ en los canales internos, haya cambiado de postura.
La IGJ deberá resolver qué medidas tomar frente a lo que el organismo califica como una “falsedad” que derivó en la primera inspección en su historia.
