La defensa del exsecretario de Hacienda de Comodoro Rivadavia planteó que, al ser integrante del Tribunal de Cuentas, la Justicia debió solicitar su desafuero al Concejo Deliberante antes de ordenar allanamientos. El constitucionalista Raúl Heredia sostuvo que el procedimiento fue “nulo” y con tintes políticos.
Chubut02 de septiembre de 2025
Digital Chubut
La defensa del exfuncionario municipal Germán Issa Pfister presentó un pedido de nulidad contra todas las medidas adoptadas por la Justicia en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción. El planteo cuestiona las requisitorias, allanamientos y el secuestro de su teléfono celular, al sostener que no se respetaron sus fueros como integrante del Tribunal de Cuentas de Comodoro Rivadavia, cargo para el que fue electo en 2023.
De acuerdo con sus abogados, antes de avanzar en cualquier procedimiento, el fiscal Cristian Olazábal debió solicitar al Concejo Deliberante el desafuero correspondiente.
Consultado por Jornada Radio, el constitucionalista Raúl Heredia respaldó la presentación: “Más que legal, está en la Constitución del Chubut. Hay un artículo del Código Penal que se suele olvidar, el 242, que tipifica y pena la violación de fueros. Castiga a todo funcionario público con arresto y formación de causa si no aguarda lo prescripto por la Constitución”.
Heredia recordó que la Carta Magna provincial desde 1957 consagra la protección de los miembros de corporaciones municipales, y que esa doctrina se mantuvo en la reforma de 1994: “Al haber sido electo para un cargo municipal, Issa Pfister cuenta con esos fueros. Ningún funcionario judicial puede ignorar esto. Está en la Constitución desde 1957”.
El constitucionalista también cuestionó la actuación del juez penal Jorge Odorisio en relación al teléfono celular de Issa: “Había concedido una prórroga y modificó después la decisión inicial. No sé si por presión o por qué. Una modificación acelerada sin justificación jurídica. Eso no se puede llevar a cabo, so pena de que jueces y fiscales caigan en esta figura penal y violen la Constitución”.
Respecto del trasfondo político, Heredia fue categórico: “No hay dudas. Esta causa tiene antigüedad y se pone en vigencia con desesperación, como si recién empezaran los hechos. Se pone en vigencia porque no le va bien a la candidata oficial en las encuestas”.
Finalmente, advirtió sobre las consecuencias: “Este procedimiento no está bien hecho. En otros casos se declaró la nulidad y los funcionarios actuantes tuvieron que ir al Consejo de la Magistratura. Aquí puede ocurrir lo mismo, incluso con proyecciones penales”.
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