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La Dirección Nacional de Vialidad, fundada hace más de 90 años, fue oficialmente disuelta por decisión del presidente Javier Milei. La medida, instrumentada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, implica la eliminación del organismo y el traspaso de sus funciones a los Ministerios de Economía y Seguridad. Esto supone también el despido de más de 5.000 trabajadores a nivel nacional.
Desde la CGT y sindicatos viales se emitieron comunicados de repudio, denunciando la destrucción de una estructura fundamental para la planificación, el mantenimiento y la ejecución de obras en rutas nacionales. Especialistas en infraestructura alertaron que el traspaso hacia estructuras administrativas ajenas al área técnica implica el desmantelamiento de capacidades estatales acumuladas durante décadas.
La intención oficial sería reemplazar este esquema por contratos con empresas privadas bajo la órbita de una nueva Agencia Nacional de Infraestructura. La oposición política también reaccionó: legisladores de Unión por la Patria y el radicalismo dialoguista advirtieron que esta decisión “pone en riesgo la seguridad vial del país”.
Fuente: El País
