Corrupción en Chubut: el modelo Torres, la nota completa publicada por Perfil y luego borrada, tras un supuesto pedido del gobernador

El artículo —que circuló durante varias horas y luego fue eliminado del sitio— expone una dura acusación contra el mandatario provincial, su entorno político, el manejo de la pauta publicitaria y el funcionamiento del Poder Judicial en Chubut. El texto comienza señalando que “es hora de que el pueblo chubutense tome conciencia sobre la realidad que atraviesa la provincia y deje de engancharse con la virtualidad que el gobierno vende a través de los medios de comunicación”, y sostiene que “la propaganda no tapa el hambre, no apaga los incendios, no devuelve a los desaparecidos ni trae justicia a las familias que entierran a sus muertos”.

En ese marco, la nota afirma que “bajo ningún punto de vista se puede tolerar a un matón y delincuente al frente del poder” y describe un escenario provincial atravesado por incendios, desapariciones, asesinatos, falta de recursos para seguridad y un Poder Judicial al que califica como “manipulado”, con un Poder Legislativo “reducido a una estructura incapaz de cumplir su función básica de control”.

El contenido publicado por Perfil sostiene que Ignacio Torres, como funcionario público, “se sometió voluntariamente al escrutinio público” y remarca que “la rendición de cuentas es un derecho constitucional y una obligación democrática”. En ese sentido, enumera una serie de posibles delitos en los que —según el texto— podría encuadrarse la conducta del gobernador y su entorno, entre ellos “cohecho activo y pasivo, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, prevaricato judicial y violación de los deberes de transparencia y publicidad de los actos de gobierno”.
El artículo también hace referencia a hechos concretos ocurridos en la provincia, al señalar que “no me olvido de las 22 desapariciones en una sola ciudad, de hombres, mujeres y niños”, ni de “las muertes por corrupción estatal, como los casos de Valeria Schwab y Diego Serón”. A esto suma denuncias sobre el negocio de la pesca, permisos otorgados sin control, el ingreso de mercadería por los puertos y “el monopolio del combustible para la flota amarilla en manos de familiares del gobernador”. Además, menciona “casi 6.000 empleos perdidos”, persecución a la oposición, hostigamiento a pueblos originarios, obra pública cobrada y no realizada, represión a docentes, fraude en viviendas sociales y presiones sobre empleados públicos.

Uno de los ejes centrales del texto es el manejo de la pauta oficial. Bajo el subtítulo “Corrupción en pauta publicitaria”, la nota afirma que “billetera mata gestión” y denuncia un gasto de “más de 30.000 millones de pesos en dos años” en publicidad y comunicación. Según lo publicado por Perfil, a enero de 2026 existirían “más de 4.160 contratos vinculados a publicidad y comunicación”, de los cuales “al menos 201 no fueron publicados en el Boletín Oficial”. El artículo agrega que, frente a “cuatro pedidos formales de acceso a la información pública, el Ejecutivo optó por no responder”, y sentencia: “el silencio no es administrativo, es político”.

La nota menciona una investigación del periodista independiente Luis Dupuy, donde se indica que un solo medio, “Radio Visión de Comodoro Rivadavia”, habría recibido “alrededor de 177 millones de pesos”. También denuncia la “tercerización masiva de la comunicación estatal en una sola empresa de medios digitales radicada en Córdoba”, que habría concentrado contratos por “más de 4.000 millones de pesos mediante adjudicaciones directas”, sin licitaciones públicas ni auditorías conocidas.

En relación al Poder Judicial, el texto publicado por Perfil sostiene que “en Chubut la independencia judicial es gestión Torres”. Allí se menciona una denuncia de la Asociación de Magistrados contra los miembros del Superior Tribunal de Justicia y afirma que, en lugar de investigarse, “el aparato estatal reaccionó con un carpetazo contra el denunciante”. También se hace referencia a las alertas emitidas por Naciones Unidas tras la reforma constitucional que eliminó fueros a jueces y fiscales, la cual —según el artículo— “opera como un instrumento de presión directa sobre quienes deberían controlar al poder”.

Otro punto destacado es el caso Alpesca, donde se menciona que la empresa Red Chamber Argentina S.A. denunció un presunto pedido de coima de “6 millones de dólares”, situación que habría derivado en actuaciones judiciales en Estados Unidos. Según el texto, “frente a semejante gravedad, los órganos del Poder Judicial chubutense se hicieron los distraídos”, y el funcionario señalado fue “reciclado en otro cargo dentro del mismo gobierno”.

La nota cierra con un apartado titulado “Concluyendo: la corrupción tiene consecuencias”, donde se afirma que “la corrupción no gobierna sola”, sino que “la sostiene el pueblo cuando la naturaliza, la minimiza o la tolera por cansancio o miedo”. Allí se plantea que el problema deja de ser individual para volverse institucional y se pregunta: “¿Hasta cuándo la corrupción va a gobernar Chubut?” y “¿hasta cuándo vamos a permitir que la incompetencia, el abuso y el desprecio por la vida nos manejen?”.

Actualmente, el enlace original de Perfil donde se encontraba publicada esta nota figura dado de baja, y al intentar acceder al mismo el contenido ya no está disponible, lo que generó versiones sobre un supuesto pedido del gobernador Ignacio Torres para su eliminación, en un contexto donde no es la primera vez que un artículo crítico hacia su gestión es retirado de un medio nacional tras su publicación.