Un fuerte cruce radial dejó en evidencia las contradicciones en torno al futuro del transporte público de Comodoro. El periodista Richi Astete, dueño de Radio Visión, expuso en un móvil a la concejal de Despierta Comodoro, Luciana Ferreira, al preguntarle por el manejo de los fondos que durante años cobró Patagonia Argentina en concepto de previsión de despidos y que su estudio jurídico patrocinó.
Política09 de septiembre de 2025
Digital Chubut
Ferreira sostuvo que los pliegos de la nueva licitación “son claros” y que el concesionario que asuma está obligado a absorber al personal: “Es obligación de quien resulte concesionario absorber al personal, así lo dice el pliego y también la ley laboral”.
Pero Astete la interpeló con dureza: “Patagonia Argentina estuvo cobrando ese 2% mensual por previsión de despidos. Estamos hablando de millones de dólares. En definitiva, los contribuyentes terminamos pagando dos veces: ya lo pagamos con Patagonia Argentina y lo vamos a volver a pagar con la nueva empresa”.
La concejal respondió que en el pliego nuevo ese ítem “no está contemplado en la estructura de costos”, aunque reconoció que las empresas postulantes lo tendrán en cuenta en su oferta.
El contrapunto se tensó cuando Astete pidió mantener “un diálogo sin subestimar la inteligencia”, y Ferreira retrucó: “te estoy diciendo como es”. El periodista replicó: “la empresa se va a proteger y va a poner un precio más alto del servicio porque se va a proteger si tiene que despedir trabajadores”. La entrevistada insistió: “estoy explicando legalmente como es, como abogada”.
En medio de la discusión, también quedó apuntada la diputada nacional Ana Clara Romero, ya que el periodista recordó que ella acompañó las condiciones previas que permitieron a Patagonia Argentina recaudar durante años el 2% por previsión de despidos sin que ese dinero haya sido utilizado en beneficio de los trabajadores.
Además, hay que recordar que el marido de Ana Clara Romero es socio del estudio jurídico Ferreira de las Casas y que tanto Ana Clara como Luciana Ferreira fueron señaladas por haber participado en reuniones con el Municipio y representantes de Patagonia Argentina, en el marco de la discusión de una prórroga del transporte en la que se pretendía que la empresa cobre 100 millones extra por la extensión del contrato, algo considerado totalmente ilegal.
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