Digital Chubut
Con la excusa de combatir la “ciberdelincuencia”, el texto habilita al Gobierno a espiar celulares, grabar conversaciones privadas, forzar desbloqueos con la huella dactilar, abrir párpados para escanear iris y hasta infiltrar agentes encubiertos en grupos digitales.
En criollo: si se aprueba, el Estado podría meterse en tu celular, en tus charlas y hasta en tus pestañas.
Críticas con nombre y apellido
Desde sindicatos, organizaciones sociales y políticas ya lo definieron como un “avance de un Estado policial”. Editoriales como el de Prensa Obrera sostuvieron que la jugada busca “legalizar el espionaje a los que luchan”.
La preocupación es que el texto es tan amplio que, en lugar de enfocarse en narcotráfico o delitos complejos, podría terminar siendo usado contra dirigentes sindicales, comunidades originarias o activistas sociales.
Torres se defiende
El gobernador insiste en que hace falta “modernizar herramientas de seguridad” frente al narcotráfico. El problema: la ley parece darle al Estado una llave maestra para entrar en cualquier celular y vigilar a quien se cruce en el camino.
La pregunta que flota en el aire es simple: ¿seguridad o espionaje con sello oficial?
